Durante casi 100 años, el mercado de derechos de interpretación en Estados Unidos se ha mantenido en gran medida en un status quo: ASCAP y BMI, las dos mayores organizaciones de derechos de autor operando como entes sin fines de lucro bajo un decreto de consentimiento exigido por el gobierno y pagando beneficios a los compositores de una manera bastante predecible.
Ese paradigma comenzó a cambiar a finales de 2022, cuando BMI anunció un cambio hacia un modelo con fines de lucro, con miras a una negociacion de venta de la compañía, que finalmente se manifestó en un acuerdo de 1.700 millones de dólares con New Mountain Capital en agosto de este año.
El acuerdo provocó mucha consternación entre los defensores de los compositores y los grupos de derechos humanos preocupados por las prioridades que podrían cambiar si el capital privado fuera propietario de una organización tan importante a expensas de los pagos de regalías a los compositores.
Esos temores, en este momento, siguen siendo teóricos, y los defensores del acuerdo señalan que la inversión externa en BMI conducirá a una mejor tecnología y servicios que la organizacion ahora puede proporcionar, así como planes de expansión internacional que pueden ser cruciales para el pago de regalías en el futuro.
La pregunta principal ahora es si un acuerdo de este tipo puede beneficiar en última instancia a los compositores.
BMI (Broadcast Music, In) es líder global en el manejo de los derechos de la música y sirve como partidario del valor de la música. BMI representa los derechos de ejecución pública de más de 17 millones de trabajos musicales creados y pertenecientes a mas de un millón de escritores, compositores y editoras. La compañía negocia acuerdos de licencias musicales y distribuye los costos generados como regalías a sus autores y editoras afiliadas cuando sus canciones son presentadas en público.
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